A lo largo de los tres últimos años, una importante discusión alrededor de la normatividad en materia de procedimientos estéticos se ha venido cocinando en diferentes ámbitos. Por un lado, el gremio de cirujanos plásticos en Bogotá y en el resto del país han hecho evidente su preocupación sobre la desmesurada proliferación de supuestas clínicas estéticas de cuestionable reputación, las cuales perjudican la imagen de la medicina estética. Por otro lado, el gobierno también ha dado a conocer su opinión sobre cuán riesgoso ello puede ser.
Estas conversaciones, a lo largo de noviembre y diciembre del año pasado, finalmente ha llegado al Senado y empieza a mostrar luces de lo que podría llegar a ser una ley reguladora para los procedimientos estéticos pues, luego de una plenaria, la Cámara de Representantes ha avalado la iniciativa por la cual se busca que los procedimientos estéticos sean llevados a cabo “solamente por personas altamente calificadas” – dice Jorge Iván Ospina; senador por Alianza Verde – , así como que se realicen únicamente en centros adecuados para ello.
Cabe mencionar que, Rafael Romero; representante a la Cámara por el Partido Liberal y coordinador ponente de la iniciativa, ha denunciado que voceros de los centros estéticos que operan sin regulación han intentado obstaculizar el proceso del proyecto para que éste no ocurriese. No obstante, dichos intentos fueron inútiles, ya que la iniciativa ha alcanzado su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, donde espera ser aprobada y pasar a una plenaria final en el Senado.
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Ahora bien, este asunto levanta dos grandes incógnitas: ¿Por qué hay centros que han querido obstaculizar el proceso para el proyecto de ley? y ¿Qué condiciones incluye dicha iniciativa?
Es apenas obvio que un centro estético cuya operación no se encuentra completamente regulada, puede llegar a ofrecer diferentes elementos que no serían del todo adecuados, tales como resultados irreales, especialistas no certificados, instalaciones precarias o el uso de materiales inadecuados, por mencionar algunos.
Tales centros, dadas las condiciones de sus tratamientos, pueden darse el lujo de ofrecer paquetes comerciales relativamente económicos para atraer pacientes incautos quienes, en búsqueda de un tratamiento estético a bajo costo, pueden estar poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Naturalmente a este tipo de centro estético no le conviene que se apruebe una normatividad que obligue el cese de sus actividades, especialmente porque, con lo que se conoce hasta hoy, el proyecto incluye las siguientes sanciones a los cirujanos que no cumplan con las condiciones estipuladas:
- Inhabilitación de su ejercicio profesional hasta por 15 años, pues en la actualidad la suspensión máxima es de cinco años.
- Multas de hasta 2.500 salarios mínimos mensuales vigentes.
- Sanción a profesionales que participen en publicidad que incumpla con las condiciones.
De igual modo, las sanciones también pueden llegar a aplicarse con mano firme sobre las entidades prestadoras de salud que no cumplan con la normatividad, pues se han formulado las siguientes penalizaciones para tal caso:
- Pérdida de la habilitación y cierre temporal o definitivo del servicio.
- Multas de hasta 10.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
Asimismo, y además de la constante vigilancia de las autoridades sobre la operación de los centros médicos certificados, la iniciativa también incluye mecanismos para garantizar el constante progreso del gremio, como por ejemplo:
- Motivar la implementación de la recertificación voluntaria.
- Llevar a cabo investigaciones anuales por la tasa de morbimortalidad de pacientes sometidos a procedimientos estéticos.
- Promover el acceso a la información académica y laboral del gremio.
- Estructurar un mecanismo digital que le permita a los pacientes acceder y realizar su petición frente a los procedimientos de cada profesional.
- Generar y publicar guías de protocolos para procedimientos estéticos.
- Hacer públicas las sanciones reportadas por los tribunales.
La iniciativa no solo busca, pues, coartar los procedimientos ilegítimos de medicina estética, sino que también pretende reforzar la calidad de esta especialidad a nivel nacional.
